Sobre el Plan estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia

En el último Consejo de Ministros se ha aprobado/plan/modernizacion/Justicia. Últimamente el Gobierno de Zapatero corre que se las pela. Pregunten al Cebrianín y los de Prisa de cómo las gastan. Casualmente con la misma agostidad que perpetraron el decreto de la TDT de pago pasaron a consulta a la llamada sociedad civil su plan estratégico para la modernización del sistema de justicia. Y tan estratégico que se han tenido que pasar por el forro todas las aportaciones que les hayan llegado, dado que ¡ya! han aprobado su plan. No sé porqué me tome la molestia –visto el caso que ya presuponía- en examinar el documento que nos ofrecían para aportar mi análisis a la comisión ad hoc del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Lo que sigue es un poco convencido repaso a ese mero trámite burocrático que fue la interlocución de su proyecto. Puro talante. Y una muestra bajando a la realidad de lo que prometen:
http://www.elpais.com/articulo/espana/Embargos/bonobus/mano/elpepiesp/20090918elpepinac_18/Tes. La denuncia partió de aquí: http://www.fsap.ccoo.es/webfscandalucia/menu.do?Justicia:Noticias:64228.

Daría para un lucido artículo el análisis de la jerga empleada y, a lo que me temo, desgraciadamente usual, en lo que se nos dice constituir un “Plan estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia”. Andan de suerte ya que el académico Lázaro Carreter nos dejó (también Baroja hace más tiempo); y otros ensayistas de nuestra lengua como Alex Grijelmo, a su vez, andarán de vacaciones. Bueno, pues en plenas vacaciones nos llega este documento plagado de anglicismos/americanismos (“concientización”), de complejos cientificistas (“enfatizando las vertientes de arquitectura organizativa”, “Eje 1 de la modernización organizativa de la administración de justicia, EE1.3 Reingeniería de la organización judicial”), de repeticiones y discordancias cuya prolijidad hace enojosa su enumeración (repásese a título de ejemplo el último párrafo de la presentación), etc., que, sin embargo, quiere ser adalid de la modernidad. Por cierto, palabra ésta, fetiche donde las haya, y por lo visto, la era del gobierno González no la agotó lo suficiente.
Entramos ya sucintamente en materia. Y no puede ser tampoco sino negando el “contexto”, es decir, la realidad de la situación de la justicia que describen: no puede entenderse de otra manera que como sarcasmo el aserto de que “la inmensa mayoría (¡!) de los más de ocho millones de asuntos que entran cada año en el sistema judicial se resuelven en tiempo y forma razonables”
¿De qué razonabilidad nos hablan los redactores del documento? La justicia por definición si no viene a “dar a cada uno lo suyo”, por usar una regla aristotélica, y reparar el mal causado más pronto que tarde no es ya justicia. Porque la justicia que no se ejecuta no es más que papel…Viene aquí al pelo el dicho “justicia tardía, justicia baldía” o la tan oída maldición calí equivalente “pleitos tengas y los ganes”. De esa inmensa mayoría de 8 millones de asuntos que entran cada año si vamos por partes como haría Jack el destripador (perdonen por el dudoso chiste)

resulta que:
En el orden penal, que ocupa la mayor parte, es cierto que la mayoría de las denuncias nacen muertas lo que estadísticamente puede ayudar a presentar como resueltas (por archivo, “sobreseimiento provisional”) lo que no dejan de ser fallas del sistema. Los delitos- masa como los son los robos y hurtos se cometen impunemente en un 90% de los casos. O bien porque no se denuncian o porque no se acometen las investigaciones policiales y la instrucción judicial que pudieran paliar “la falta de autor” o la “acreditación delictiva de los hechos” de esa inmensa mayoría de los atestados.
En cuantos a los asuntos vivos, de ningún modo puede presentarse como razonable la dilación por años o incluso por lustros de las llamadas “diligencias previas” o “procedimientos abreviados”, añádase la fase del juicio y de ejecución, y ya me dirán. Porque ya que hemos nombrado la ejecución (de las sentencias, se entiende), acabamos de nombrar la soga en la casa del ahorcado. No olvidemos que todo esto es la reacción ante el llamado caso de la niña Mari Luz, asesinada porque el asesino andaba suelto, pese a haber sido condenado judicialmente pero nunca ejecutado. La falta de modernización en los medios de la administración de justicia es cierto hizo posible tan lamentable tragedia. La centralización informática imperante en Tráfico y Hacienda que podemos notar en nuestros bolsillos no llega al corazón de la justicia. A pesar de cobrarse muertos y un capital humano, que medido en dolor sería infinito, la realidad es que ese incremento presupuestario “sostenido en los recursos de la justicia del 10% anual” ha sido menor durante el último año en un 5,6 respecto de las demás administraciones.
En España no hay estadísticas sobre errores judiciales (parece como si el célebre crimen de Cuenca aún pesara en esta omisión, cuya enmienda sin duda ayudaría a conocer qué falla en el sistema y a corregirlo), cuando los errores se producen con afrentosa frecuencia; sea por malas prácticas, sea por negligencia, indolencia, ineficacia o ineficiencia, sea por la creciente entropía que amenaza la evolución de todos los procedimientos.
En el resto de jurisdicciones no apostaría porque hayan mejorado, sino todo lo contrario. Como ciudadano me consta que una reclamación administrativa a la Hacienda Pública sigue costando años, más tiempo y sobre todo la certeza de que la “efectividad” de los derechos en liza conllevará inevitablemente la continuación en vía judicial, otra fase del cuello de la botella a contar desde la presentación de la demanda hasta su verdadero trámite. Unido a recursos, que de terminar en el Tribunal Supremo eternizan todo plazo razonable de dejar dicha y concreta la palabra de la ley.
En cuanto a la jurisdicción civil y mercantil, van para 100 sólo los juzgados de Madrid. Efectivamente, los efectos de “un funcionamiento no plenamente eficiente de ésta (la Justicia) sobre la economía” son desastrosos, más “en el contexto actual de incertidumbre económica”. “Considerar a la Justicia como un elemento estratégico para la dinamización económica” pasa más por un cambio de modelo (se hace inevitable una mirada sobre el anglosajón) que por un aumento, siempre por detrás, de los recursos.
En el orden social, las antiguas magistraturas de trabajo de la era franquista, que orgánicamente escapaban de esta jurisdicción, debido a la actual crisis se han incorporado al retraso mastodóntico de sus hermanas de más pedigrí. Por obra del abuso de los llamados EREs, expedientes de regulación de empleo, y de las tempestades catastróficas de las demás suertes del despido y de las condiciones laborales.
Y esa opinión pública desfavorable de la que desde instancias del poder sempiternamente se quejan por no entender sus esfuerzos seguirá siendo tal mientras no procuren erradicar todas las disfunciones, atrasos y deficiencias apuntadas. Una vez más, nos quieren vender políticamente que todo se basa en que no han sabido transmitir sus esfuerzos de gestión. No nos confundan, para eso sí que son muy hábiles, lo que está por demostrar son los resultados. Que cualquier encuesta ciudadana muestre un imparable empeoramiento en la “percepción” de la justicia y de los jueces no puede imputarse al obstinado empecinamiento de los consultados por negar las mejoras burocráticas que el Ministerio nos presenta. A su parecer, debemos ser refractarios a las miríficas virtualidades de la ingeniería, perdón, “reingeniería de la organización judicial”.
Dentro del cuadro que relaciona ejes y programas me interesa especialmente el llamado “EE3: Garantías en defensa de los derechos y la seguridad de los ciudadanos”, en concreto, los siguientes programas:
-Transparencia y acceso a la información.
-Tutela judicial efectiva como servicio público… ¡ay, los prejuicios!
-Promoción y protección de Derechos.
- Desarrollo de la Carta de Derechos del ciudadano.
Que si no entiendo mal se desarrollará a través de otros 4 ejes:
“Actuaciones Normativas, de infraestructuras, de Organización y de Recursos Humanos”.


Y ello en la medida en que pudieran proyectarse sobre la comunidad gitana.
Sabido es que la justicia se representa con una venda, y de ahí, eso de que la justicia es ciega. Pero no es ciega, sino tuerta y bizca de tanto mirar a hurtadillas –si se permite la inocente expresión- la diferente calidad de sus clientes, llámense procesados, demandados, condenados, querellantes, denunciantes…Es clasista, si no miren la extracción social de magistrados y fiscales. Con la democracia y el desarrollo social de las últimas décadas tampoco ha cambiado mucho. Con razón hay quien dice que es el poder más impermeable de todos los heredados del franquismo. El Código Civil suministra los criterios generales de interpretación de las normas. Entre ellos “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas” (art. 3.1). De lo que no abastece el poder Judicial es de hornadas de jueces con la preparación necesaria para atender a esa regla. Un déficit democrático del que no hay ni atisbo de remedo.
Y está politizada:
Un Tribunal Constitucional varado ante su pronunciamiento sobre el Estatut.
Un Tribunal Supremo que rezuma in saecula saeculorum la ideología rancia de sus mayores. Caso(s) Garzón.
Una Audiencia Nacional de excepción entre su busca errabunda de una justicia universal que la redima de su pecado original y su competencia también exorbitante del juez natural en los asuntos domésticos. Otro residuo guardián del orden público heredado.
Con estos mimbres resulta extravagante cuando menos exigir de los poderes públicos, y de la Administración de Justicia en particular, una reparación histórica hacia la comunidad gitana; y menos aún, un efectivo reconocimiento de su condición de pueblo en los términos que el menguado preámbulo constitucional proclama:

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Pues eso.